La Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (ANAM), llevó a cabo su primer congreso nacional titulado “La Cultura de la Legalidad”, donde se pretendía la presencia y participación de los alcaldes de los 340 municipios de todo el país, de los cuales llegaron cerca de 30 y la cabecera departamental de Quetzaltenango no tuvo representante. El platillo fuerte fue la conferencia magistral del ex alcalde de la ciudad de Bogotá–Colombia, Antanas Mockus. Aunado a esto, se realizaron foros con representantes invitados de las distintas dependencias gubernamentales como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo, de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria; así como organizaciones como Acción Ciudadana, entre otras.
En palabras del presidente de la junta directiva de la ANAM, Edwin Escobar, la idea de este primer acercamiento con los jefes ediles es promover mejores prácticas de gestión y gobierno en las municipalidades, como parte de las actividades contempladas en el marco de la Escuela Internacional de Gobierno Municipal. En vista de ello, se pretende crear en el país, una cultura de legalidad que sea el contraste de la cultura de la corrupción que se vive actualmente. Impulsando el cambio desde el mismo ciudadano, que debe ser ejemplo al respecto. Con una sociedad sometida a las leyes establecidas, originando una cultura ciudadana, basada en una infraestructura humana desarrollada en un marco intolerante de actos contraculturales y que socavan los cimientos de un Estado de Derecho.
¿Qué significa una Cultura de la Legalidad?
Elementalmente, se trata de una cultura generada a partir de valores y conocimiento que generan en la población un juicio crítico, que se contrapone a la cultura de la corrupción, basada en la ventaja. Distintos actores, convergieron en el hecho de que Guatemala está actualmente sumida en una clase de obscuridad cultural, donde se alaban los hechos anómalos y se minimizan los esfuerzos positivos. Es por ello que se debe apelar al marco legal para regenerar la misma sociedad, creando alianzas interinstitucionales transparentes y encaminadas hacia la eliminación de la mentalidad ilegal. Lo anterior, a sabiendas que la única manera es reeducando con el ejemplo en cuanto a valores y buenas prácticas sociales a todo nivel.
Para ello, la academia funge un papel vital, pues se pretende preparar a la ciudadanía para la feliz convivencia social. Pero, generando en este caso, una conciencia que les permita observar que se debe hacer lo correcto, no únicamente por temor a una represalia, sino más bien, porque simplemente es lo adecuado. Con un sistema jurídico ad hoc, sin excesos legales, como sucede en algunos casos, sino con leyes establecidas, que regulen y no atosiguen el sistema, ya de por sí agobiado. Para ello, se apela a un cambio cultural progresivo, donde la fiscalización ciudadana, tal y como ha sucedido en los últimos tiempos, será la base del fortalecimiento del Estado. En conjunto con un sistema normativo dinámico. Haciendo conciencia en el mismo funcionario, que también es parte de la sociedad y como tal, también es ejemplo en cuanto a lo anterior. Todo en promoción de la justicia y la legalidad, con miras a una ruta adecuada de progreso sociocultural y sobre todo, gubernamental.
La ruta del cambio