Las dos caras de la violencia intrafamiliar

 

El sistema sociocultural al que todos estamos expuestos presenta un halo violento que se propaga por todas partes. Las familias se enfrentan a diversos retos, pero estos aumentan cuando existen indicios de problemas entre padres, y de estos con sus hijos. Es allí donde el sistema judicial actúa y surgen figuras que deben en primer lugar, resguardar la seguridad de la o las víctimas, y comenzar un proceso, muchas veces largo y complejo, para que el agresor desista de su mal proceder. Lo anterior repercute en todos los niveles, no es exclusivo del ambiente familiar cerrado, sino por el contrario afecta directamente a la sociedad como tal. Ya que esta última, estigmatiza a quien denuncia, culpabiliza y rechaza, en vez de corregir, comprender y auxiliar.
Las consecuencias, se observan a corto, mediano y largo plazo, donde los ciudadanos vivimos expuestos continuamente a un círculo violento, donde es aceptado como normal cualquier acto que atente contra nuestra integridad y se nos impele a responder con igual o mayor empuje. Esta cultura de antivalores va desde las aceras públicas hasta la intimidad de los hogares, y solo nos damos cuenta de ello cuando se llegan a extremos como golpes físicos o hasta la muerte de menores o el  conyuge. Sin embargo,  es de indicar que no es allí donde está la base de la violencia sino en actos anteriores que degeneraron en hechos que ahora son delitos, pero que pueden iniciar con una simple palabra ofensiva o el descontrol emocional.

Cuestión familiar

Para la licenciada Pilar Eugenia Pérez Morales, jueza primera de 1ra instancia de familia, la situación va mucho más allá de una cuestión de género. La violencia intrafamiliar proviene y se da en ambas vías, tanto de esposo contra esposa, de esposa contra su conyuge y de cualquiera de ellos contra los hijos. Haciendo énfasis en que no se especifica únicamente una violencia física evidente, pues existen formas violentas sutiles pero que causan heridas igualmente terribles, como la psicológica, sexual, económica, etc. Pero en todos los casos, el agresor vive en el hogar y la víctima se enfrenta a la disyuntiva de detener el abuso y denunciar, o seguir en ese espiral destructivo por no querer romper el delicado tejido familiar. Así mismo, no se da la atención debida a la persona agresora, quien es solamente castigada, más no ayudada para mejorar como persona y miembro de una sociedad.
Las denuncias al respecto en el Juzgado de familia de Quetzaltenango han aumentado con los años, pero ello evidencia, además de que positivamente la sociedad está consciente de la cultura de denuncia, que los casos no están ni cerca de disminuir. Los procesos penales que se siguen al respecto muchas veces cobran por factura la estabilidad emocional y bienestar psíquico  de las víctimas y de terceros en la ecuación; tal y como sucede como los hijos, abuelos y otros. Sin que las sanciones propuestas sean suficientes para detener el avance del problema. Empero, “los esfuerzos que se están realizando se generan a partir de los recursos que se poseen y poco a poco deberán ir rindiendo sus frutos” puntualizo Pérez Morales.

 

Bajo el amparo de la ley

Uno de los grandes avances que la ley que ampara la violencia intrafamiliar y todos sus derivados, va encaminado a la cobertura en nivel de seguridad que se les debe brindar a las víctimas de este flagelo. Este incluye desde la separación total del agresor hasta la asistencia médica y psicológica que necesita, además de hacerlo en el menor tiempo posible y con el coste mínimo en cuestión de desgaste personal y económico para todos los involucrados. “La atención psicológica en este caso, es un punto que desde 2008 se viene trabajando en cada uno de los juzgados, donde se cuenta con el personal multidisciplinar adecuado, aunque aún, se necesitan además de antropólogos y pedagogos, que coadyuven en cada uno de los casos” dijo.
Otro de los aspectos a resaltar fue el hecho de que se observa ahora la violencia entre parejas que no están casadas ni unidas de hecho, pero que, aun así, la ley contempla sanciones en casos determinados, en busca de proteger la integridad de cualquiera de las dos personas. Aunque el trabajo es arduo, se realiza todo el esfuerzo que se puede, mencionó la jueza. Aunque es de destacar también el papel que el gobierno central posee al momento de sensibilizar a la población sobre la violencia, así como la misma sociedad que se debe dar cuenta de que la situación no puede continuar de esta manera. De tal manera, el cambio está en nosotros, si cambiamos, todo cambia.
Redacción:
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